Miedo a las fronteras : políticas de seguridad y estrategias de comunicación oficial en Argentina

Abstract

Las fronteras internacionales, a menudo caracterizadas a partir de la distancia espacial y temporal de los centros, no raramente han sido foco de atención de los gobiernos. Cuando se tornan objeto de las ciencias sociales queda al descubierto su naturaleza diversa, así como su desobediencia en relación con aquel estigma que se imprime cuando se les trata como el locus del mal y del peligro. En este contexto, pensar las agendas de gobierno nos lleva a reflexiona las medidas de intervención y sus efectos a nivel local, en donde el límite dado por la soberanía nacional adquiere el estatus de agencia. Abordaremos aquí la relación establecida entre políticas públicas de seguridad, fronteras internacionales y las estrategias de comunicación oficial vinculadas al narcotráfico y tráfico de personas en Argentina durante el periodo 2015- 2019, con el propósito de describir comprensivamente los modos en que se ven condicionados los fenómenos que, desde la visión estatal, se enuncian como externos, contaminantes y amenazadores. Una política específica de fronteras fue circunscripta a una Secretaría del Ministerio de Seguridad de la Nación, creada en el año 2015, en el contexto de Declaración de Emergencia Nacional de Seguridad en el país. A comienzos de año fue reducida a Subsecretaría de 2018 Control y Vigilancia de Fronteras, dependiente directamente de Patricia Bullrich, ministra de seguridad. Lo anterior es importante porque la especial atención que recibe la zona de encuentro y limitación de soberanías refleja el orden de prioridades que el gobierno ha establecido con relación a dos encuadramientos específicos de gran repercusión mediática. Se trata del “narcotráfico” y del “tráfico de personas”, prácticas ilegales que están siendo adjudicadas a los pasos de frontera, sobre todo en la región norte y nordeste del país. Durante la campaña que precedió a las elecciones presidenciales del año en 2015 Argentina, se enfatizó la necesidad de combatir la “droga” y la “trata de personas” (Calzado y Machengo 2017; Calzado 2020), y de hacerlo a través de una política orientada al control en las fronteras. Tales iniciativas se distanciaban en cierto modo de lo que durante los tres gobiernos anteriores había sido el eje de las políticas de criminalidad: los derechos humanos, como base de propuestas con cierta impronta garantista y una adhesión explícita al impulso de aportar a la construcción de un nuevo paradigma para las políticas de drogas en América Latina. Una vez que asumió la presidencia el ingeniero Mauricio Macri, en diciembre de 2015, la política pública de seguridad se reorientó en dirección disidente a la gestión anterior. Sostenido en un discurso de combate al narcotráfico y de refuerzo de la seguridad para los argentinos, el gobierno de la coalición Cambiemos promovió medidas que impactaron de manera inmediata en un proceso que años anteriores se encontraba orientado a desmontar el paradigma bélico contra las drogas ilícitas y a legalizar la situación de los extranjeros indocumentados en el país. En enero de se decretó la Emergencia Nacional de Seguridad (228/2016)4 para contener) 2016 “la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, por el cual se promovió el refuerzo en el control de las fronteras, vía la tecnificación de la vigilancia aérea y fluvial en los pasos internacionales, la reincorporación de personal retirado de las fuerzas federales que no estuviera involucrado en delitos de lesa humanidad ni procesado o pasado a retiro por indisciplina, y se aprobaron Reglas de Protección Aeroespacial a ser implementadas por las Fuerzas Armadas en casos de naves en vuelos no registrados ni declarados, entre otras medidas. Con ello, el giro en materia de seguridad estaba dado.